El marco jurídico en México contempla diversos tipos de propiedad cuyas características especiales exigen el cumplimiento de normas particulares para su adquisición, arrendamiento, ocupación o aprovechamiento.  Tal es el caso de los ejidos y comunidades que, al representar el 64% de la superficie total del país, suelen ser la mejor o única alternativa para la inversión.

Desde el año de 1992, se modificó el marco jurídico que regula la propiedad ejidal y comunal en México, lo que permitió su comercialización, esta firma ha participado activamente en innumerables proyectos de inversión que implicaron la negociación y la adquisición, arrendamiento, ocupación y aprovechamiento de terrenos ejidales y comunales, para la inversión inmobiliaria (vivienda, desarrollos industriales, turismo), para la inversión en infraestructura productiva (minería, autopistas, aeropuertos) y para la constitución de reservas ecológicas con tierra de origen ejidal o comunal.

GAP presta a inversionistas interesados en la adquisición, ocupación o aprovechamiento de tierras ejidales y/o comunales los servicios de:

• Negociación con ejidatarios y comuneros considerando las particularidades y singularidades de estos grupos sociales, buscando que con pleno respeto a sus derechos y procedimientos acostumbrados y siempre dentro de los límites financieros de la inversión programada, el proyecto sea aceptado y benéfico para los ejidos y comunidades involucrados. De esta forma se llegan a acuerdos legalmente exigibles y socialmente estables que permiten el desarrollo armónico de la inversión proyectada.
• Diseño y ejecución del esquema jurídico, financiero y social que permita convenir y concertar con los ejidos y/o comunidades involucrados las modalidades de acción, instrumentos jurídicos y financieros y bases institucionales requeridas para la adquisición, arrendamiento, ocupación o aprovechamiento de sus propiedades.
• Es importante destacar que en la instrumentación de los acuerdos de negociación este despacho observa el respeto a los Derechos Humanos de los grupos sociales involucrados, con el objeto de dar certidumbre jurídica a las partes y con ello respetar la legislación nacional e internacional que conforme a la Constitución Mexicana se debe cumplir.
• Realización de todos los trámites jurídicos necesarios para lograr la legal transmisión y/o legal posesión y registro de la propiedad a favor del adquirente, o bien el registro de los contratos de arrendamiento, ocupación o aprovechamiento.